#CuscoDatos. La Contraloría General de la República ha emitido un informe que cuestiona la legalidad de la designación del actual Procurador Público Municipal de Wanchaq, Mario Quispe, restituido en el cargo en 2022 tras ser removido “indebidamente” por una autoridad edil anterior. En el informe de orientación de Oficio Nro. 005-2025-OCI/1631-SOO, advierte que el proceso vulneró normas administrativas y jurídicas, y exhortó al alcalde del distrito, William Peña, a implementar medidas correctivas.
DESIGNACIÓN INICIAL
El abogado Mario Quispe fue designado como Procurador Público Municipal de Wanchaq el 2 de enero de 2019, por el entonces alcalde David Mormontoy, bajo un marco legal vigente en ese momento. Sin embargo, el panorama cambió el 24 de noviembre de 2019, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nro. 13265, que reestructuró el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Esta norma transfirió la facultad de designar procuradores públicos a la Procuraduría General del Estado, tras procesos de selección competitivos, anulando así la potestad de autoridades locales para realizar dichos nombramientos.
REMOCIÓN CONTROVERSIAL
En septiembre de 2022, la entonces alcaldesa encargada de Wanchaq, Milagros Valverde, emitió la Resolución de Alcaldía Nro. 1192-2022-MDW/C, destituyendo a Quispe y nombrando en su lugar al abogado Edwar Apaza (mediante Resolución Nro. 1193-2022-MDW/C). No obstante, después de participar en las elecciones municipales de 2022, el alcalde William Peña, retorna al cargo y anuló esta designación, alegando que fue “indebida” y restituyó a Mario Quispe en el cargo.
CONTRALORÍA
Según el informe de la Contraloría, la restitución del abogado Quispe en el cargo de Procurador Público, por parte del alcalde Peña, incumplió el marco legal vigente desde 2019, que reserva estas designaciones exclusivamente a la Procuraduría General del Estado.
ALCALDE
El alcalde de Wanchaq, señaló que se actuó de acuerdo a ley, y precisó que su gestión no designó al procurador, sólo lo restituyó en el cargo, es más todo lo actuado se puso de conocimiento a la Procuraduría Pública Regional del Cusco, en el 2022, para que determine las responsabilidades civiles o penales.
