#CuscoDatos. Mediante la Resolución N° D000477-2025-JUS/PGE-PG, emitida el 2 de mayo, el Ministerio de Justicia designó al abogado Braulio Fernando Becerra Rojas como nuevo procurador encargado del Gobierno Regional del Cusco. Becerra, quien actualmente ejerce como procurador de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, asumirá el cargo de manera temporal hasta que se nombre a un titular definitivo.
El cambio se produce tras la salida de Luis Oroz Quispe, procurador de la Municipalidad Distrital de Santiago, quien dejó el cargo debido a su elevada carga procesal, según un informe técnico de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal. Dicho documento señaló que esta situación le impediría asumir adecuadamente la representación legal del Gobierno Regional del Cusco.
CUESTIONAMIENTOS A LA GESTIÓN ANTERIOR
La gestión de Oroz Quispe enfrentó críticas, particularmente por su manejo del caso Belmond, relacionado con una acción de amparo presentada por trabajadores de la empresa Perú Belmond Hotels S.A., operadora del Hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu. Se alegó que la Procuraduría no respondió a tiempo la demanda, la cual finalmente fue desestimada.
Ahora es la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que presentó la oposición a una nueva medida medida cautelar dictada por el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima, a cargo de la jueza Sylvia Llaque Napa, que permite a Perú Belmond Hotels S.A. seguir operando el Hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu, pese a que su contrato de concesión vence el 16 de mayo del 2025.
ENCARGATURA TEMPORAL
La Procuraduría General del Estado recomendó que Becerra Rojas asuma la representación y defensa jurídica del Gobierno Regional de manera provisional. Se instó al gobernador regional Werner Salcedo a garantizar los recursos logísticos necesarios para el correcto desempeño del nuevo procurador.
Como procurador público, Becerra será responsable de defender los intereses del Estado en los procesos judiciales y administrativos que involucren al Gobierno Regional del Cusco.
El nombramiento busca fortalecer la gestión legal de la región, en un contexto donde casos como el de Belmond exigen una respuesta ágil y eficiente por parte del Estado.
