#CuscoDatos. La Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones del Cusco investiga formalmente al juez Civil Único de Vacaciones, Eliot Zamalloa Cornejo, por presunto delito de prevaricato, tras emitir un polémico fallo que beneficiaba a Perú Belmond Hotels S.A. - empresa vinculada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga - permitiéndole continuar con la administración del Hotel de Turistas de Machupicchu.
EL FALLO CUESTIONADO
El magistrado fue denunciado por emitir una medida cautelar en febrero de 2025, ordenando al Gobierno Regional del Cusco permitir que Belmond continuara administrando el Hotel Sanctuary Lodge en Machupicchu, pese al vencimiento de su contrato de concesión el 16 de mayo. Zamalloa argumentó la "protección laboral" de 300 trabajadores, pero omitió que estos no tenían relación contractual con el Estado, sino con la empresa privada.
La jueza titular Fanny Pérez revocó esta decisión el 16 de abril, declarando improcedente el amparo y señalando que no existía vulneración constitucional, ya que la estabilidad laboral era responsabilidad exclusiva de Belmond.
DOS DENUNCIAS EN CONTRA
El fiscal superior Walter Becerra lidera la investigación, que dispuso la acumulación de la: Carpeta Fiscal N° 56-2025: Presentada por la Procuraduría del Gobierno Regional, que acusa a Zamalloa de ignorar el interés público y el vencimiento contractual y la Carpeta Fiscal N° 66-2025: Interpuesta por el consejero regional Macedo Rueda.
El plazo para esclarecer los hechos es de 120 días, y se ha solicitado al juez Zamalloa un informe de descargo y copias certificadas del proceso.
NUEVA ESTRATEGIA DE BELMOND
Mientras tanto, la empresa no cesa en su intento de retener el hotel. El Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima, a cargo de la jueza Sylvia Llaque Napa, otorgó otra medida cautelar que permite a Belmond seguir operando hasta que se resuelva un arbitraje donde Belmond exige una prórroga de 64 meses por pérdidas durante la pandemia y por las protestas sociales (USD 11 millones).
La Procuraduría Regional con el apoyo de la Procuraduría del Ministerio de Transportes ha presentado una oposición, pero aún no hay respuesta judicial.
