#CuscoDatos. Este 31 de marzo del 2025, a las 15:00 horas, el Juzgado Penal Colegiado B de Cusco será escenario de un nuevo capítulo en la lucha legal de diez defensores ambientales de la provincia de Chumbivilcas. Los líderes, acusados por su participación en las protestas contra la minera Anabi en diciembre del 2011, enfrentarán un nuevo juicio oral que busca determinar su responsabilidad en los presuntos delitos de secuestro, violación de domicilio, robo agravado, daño agravado, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y disturbios.
La Corte Suprema, el 22 de abril del 2024, resolvió un recurso de casación presentado por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos del Orden Público del Ministerio del Interior, ordenando un nuevo juicio oral contra los defensores. Esta decisión se dio después de que, en primera y segunda instancia, los acusados fueran absueltos de todos los cargos.
Los diez dirigentes, identificados como Luciano Ataucuri Chávez, Julián Alejo Ataucuri Mancilla, Esteban Alvis Ccahuana, Grimaldo Asto Puma, Victoria Quispesivana Coralles, Wilber García Huaycani, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cala Cáceres, Edgardo Aguirre Pacheco y Jaime Mantilla Chancuaña, podrían enfrentar hasta 30 años de cárcel si son declarados culpables.
PROTESTAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN MINERA
Las protestas que dieron origen a este caso se remontan al año 2011, cuando las comunidades campesinas del distrito de Llusco, en Chumbivilcas, denunciaron la contaminación de los ríos Molino y Santo Tomás, así como los daños viales causados por los vehículos pesados de la minera Anabi. Los pobladores exigían al Gobierno la instalación de una mesa de diálogo, cuyos acuerdos no fueron concretados, lo que generó indignación y llevó a la reactivación de las protestas.
La minera Anabi denunció que, el 5 de febrero de 2012, un grupo de personas ingresó a su campamento minero y lo incendió. A raíz de estos hechos, la empresa inició un proceso penal contra varios dirigentes, quienes desde entonces han enfrentado un largo y desgastante proceso legal.
LA LUCHA POR LA JUSTICIA AMBIENTAL
Este caso ha generado un amplio debate sobre la criminalización de la protesta social y la defensa del medio ambiente en el Perú. Organizaciones de derechos humanos y ambientales han denunciado que los cargos contra los defensores son desproporcionados y forman parte de una estrategia para silenciar las voces que se oponen a las actividades extractivas que afectan a las comunidades y sus territorios.
Mientras tanto, los defensores ambientales de Chumbivilcas continúan su lucha por demostrar su inocencia y por hacer visible la problemática ambiental que motivó sus protestas. El juicio del 31 de marzo será un momento crucial para definir no solo su futuro.
