#CuscoDatos. Un total de 466 dependencias policiales serán evaluadas por la Contraloría General en el operativo nacional de control “Comisarías Básicas PNP 2025”, con la finalidad de determinar sus condiciones de infraestructura, dotación y equipamiento, sistemas de atención de denuncias y otros servicios a la ciudadanía, incluyendo comisarías de la región Cusco.
Para esta intervención, casi 700 auditores fueron desplegados a las 25 regiones policiales del país. La muestra de comisarías que serán supervisadas representa el 35 % de un total de 1318 dependencias policiales
PRIMEROS HALLAZGOS
Se comenzó en Lima, con la inspección en la comisaría de Ciudad y Campo en el Rímac, donde se hallaron armas con 40 años de antigüedad, mal estado de los chalecos antibalas, insuficiente número de radio transmisores, así como techos y paredes afectados por la humedad, urinarios inservibles, deterioro del mobiliario, entre otros.
“Con este operativo vamos a hacer un diagnóstico para informar a las autoridades correspondientes y al Congreso la realidad de las comisarías. Hay que hacer algo, todos tenemos que poner el hombro si queremos combatir la delincuencia. Tenemos que tener capacidad de respuesta y de prevención”, indicó el contralor general, César Aguilar Surichaqui.
Mientras tanto, en San Juan de Miraflores, otra comisión de control, encabezada por el vicecontralor Marco Argandoña, inspeccionó la comisaría de Pamplona I, donde hallaron escaleras oxidadas, habitaciones con techos en mal estado, chalecos antibalas con una operatividad de 35 años, proyectiles de arma de fuego oxidados, cables de luz expuestos, motos nuevas empolvadas por la falta de capacitación al personal policial para su operatividad, entre otras deficiencias.
Cabe precisar que el operativo de la Contraloría se realiza como resultado de las visitas de control a las comisarías de La Huayrona y Zárate en San Juan de Lurigancho, donde se identificaron 14 hechos adversos relacionados a condiciones inseguras de la infraestructura, falta de plan de patrullaje por sectores, ambientes deteriorados, precariedad del mobiliario, insuficiente dotación de equipos como laptops o impresoras, remisión fuera del plazo de las denuncias por violencia contra la mujer al Juzgado de Familia y al Ministerio Público, entre otros.
*Fuente Contraloría
