#CuscoDatos. La defensa jurídica de los intereses del Estado es un pilar fundamental para garantizar la legalidad y transparencia en la gestión pública. Sin embargo, en el caso de la Municipalidad Distrital de Pichari, durante la gestión 2019-2022, el entonces alcalde Máximo Orejón Cabezas habría incurrido en una grave irregularidad al designar unilateralmente al procurador público municipal, vulnerando las normas que rigen este proceso y poniendo en riesgo la representación legal de la entidad.
EL ACTO IRREGULAR
El 4 de octubre de 2021, mediante la Resolución de Alcaldía N° 450-2021-MDP/LC*, Orejón Cabezas designó al abogado Renzo Palomino Fernández como Procurador Público Municipal de Pichari, cargo que este aún ocupa, según se evidencia en el Oficio N° 017-2025-MDP/OCI-3862 del 24 de enero de 2025.
No obstante, la Contraloría General determinó que dicha designación carece de validez legal, ya que la facultad para nombrar procuradores públicos recae exclusivamente en el Procurador General del Estado, conforme a la normativa vigente.
IMPLICACIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
Invasión de Competencias: La designación por parte del alcalde usurpó las atribuciones del Procurador General del Estado, ente rector en la materia, lo que distorsiona el ordenamiento jurídico-administrativo.
Riesgo Procesal: Al no contar con un procurador designado conforme a ley, la municipalidad podría enfrentar nulidades en procesos judiciales o la indefensión en litigios, afectando intereses patrimoniales del Estado.
Falta de Sustento Legal: La Contraloría, en su Informe N° 001-2025-OCI/3862-SOO, resaltó que el acto no solo fue irregular, sino que generó un precedente peligroso al ignorar los mecanismos legales establecidos para garantizar la idoneidad y autonomía del procurador.
Medidas Correctivas y Responsabilidades
La Contraloría ha exigido al actual alcalde, Hernán Palacios Tinoco, implementar acciones para regularizar la situación. Así como solicitar al Procurador General del Estado la designación formal del procurador titular, siguiendo el procedimiento legal. Informar a la Contraloría sobre las medidas adoptadas dentro del plazo establecido.
