#CuscoDatos. El Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Urubamba dictó sentencia firme contra tres ciudadanos extranjeros, imponiéndoles 13 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva por su responsabilidad como coautores en los delitos contra la tranquilidad pública –en la modalidad de banda criminal– y tráfico ilícito de drogas –en la modalidad de microcomercialización.
La sentencia, que se computa desde la fecha de su detención, fue el resultado del trabajo conjunto de la Fiscalía Adjunta Provincial, a cargo de Elizabeth Conchoy Gonzales, y los fiscales Rosario Cornejo Cabrera y Juan Carlos Larnia Challhua, quienes sustentaron la acusación durante el proceso.
De acuerdo a las investigaciones, los ahora sentenciados, identificados como Abraham Belfred Cadevilla Castro, Sandy Javier Rivero Paez y Anderson Javier Lezama Lezama, operaban desde marzo de 2024. La banda se dedicaba a planificar y ejecutar asaltos a depositarios de agencias bancarias en diversas localidades. Para ello, contaban con la complicidad de una cuarta persona, conocida solo como "Thiago", quien desde dentro de una empresa les proporcionaba información precisa sobre los movimientos de dinero y los empleados que realizarían cobros y depósitos.
La caída del grupo criminal se produjo gracias a un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, específicamente del personal de SECINT PNP DEPINCRI Cusco. Alertados sobre la presencia de los individuos en la ciudad de Urubamba para concretar un nuevo golpe, los agentes procedieron a su intervención.
Durante el operativo, se incautaron mapas con la ubicación de entidades bancarias e incluso de la comisaría de Urubamba, lo que evidenciaba la planificación meticulosa de sus actividades delictivas. Asimismo, se les encontró en posesión de sustancias ilícitas, lo que agregó el cargo de microcomercialización de drogas a la acusación.
Además de la pena carcelaria, el juzgado impuso a los condenados el pago de 13 mil soles por concepto de reparación civil y una pena adicional de 360 días-multa. La sentencia marca un golpe significativo a una organización criminal que afectaba la seguridad de la provincia.
