#CuscoDatos. En un controvertido caso que enfrenta al sistema judicial con autoridades locales, Ruth Fernández, promotora del centro nocturno clandestino "Palacio VIP", interpuso un recurso de Habeas Corpus contra la Municipalidad Distrital de Santiago (Cusco) por "restringir su libertad ambulatoria". La medida busca reabrir el local, reiteradamente clausurado tras un homicidio ocurrido el 11 de marzo en sus puertas.
El inmueble, ubicado en la calle Belén Nro. 828, fue clausurado y tapiado por la municipalidad de Santiago al comprobarse su funcionamiento ilegal como cantina. Sin embargo, Fernández alega que se trata de su vivienda habitual. Durante una inspección judicial el 20 de marzo, la jueza Zulay Sánchez Farfán del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria realizó la verificación del inmueble.
La jueza Sánchez Farfán notificará este viernes su resolución sobre el Habeas Corpus, mientras la municipalidad presentará un informe técnico y fotográfico que confirma el uso comercial del inmueble. La presión ciudadana y la firmeza de las autoridades marcarán el rumbo de este caso, que podría sentar un precedente en la lucha contra la informalidad en Cusco.
INTENTO FALLIDO DE REAPERTURA
En horas de la madrugada del mismo 20 de marzo, vecinos alertaron que desconocidos retiraron el sellado municipal y perforaron una pared del local para reabrirlo. Al llegar, las autoridades del municipio de Santiago encontraron a Ruth Fernández quien argumentó que el lugar era su vivienda donde convivía con una menor de edad, la mujer fue detenida por desacato y trasladada a la Comisaría de Santiago.
Cabe señalar que al interior del local se encontró restos de licor, mobiliario de bar, luces de discoteca y nulas condiciones de habitabilidad, lo que desmintió la versión de la propietaria.
La municipalidad volvió a sellar el inmueble, mientras el fiscal penal Alexander Valencia inició investigaciones por posible obstrucción a la justicia.
VINCULACIÓN CON HOMICIDIO
El último cierre de "Palacio VIP" se decretó tras una gresca en su puerta que terminó con el asesinato de un hombre. El alcalde Sergio Sullca sostuvo que presentarán pruebas contundentes ante el Poder Judicial para evitar su reapertura: "No permitiremos que se burle de la ley. Este local es un foco de inseguridad y ya hubo un crimen”.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de recursos legales como el Habeas Corpus para proteger negocios irregulares. Los vecinos exigen sanciones ejemplares y temen que el sistema de justicia posibilite la reapertura de esta cantina. "Estos locales operan años sin licencia, evaden impuestos y ponen en riesgo a la comunidad", señaló un poblador.
