#CuscoDatos. En un hecho que evidencia posibles negligencias del sistema judicial peruano, un ciudadano holandés de 62 años, Geradus Ludovicus Bookelmann, falleció tras meses de encierro en prisión preventiva, acusado de un delito que las pruebas no respaldaban: tentativa de feminicidio. Su caso revela graves omisiones por parte del Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia del Cusco, que ignoraron su condición de adulto mayor, su salud mental y la falta de sustento para la calificación del delito.
LOS HECHOS
El 28 de mayo de 2024, la fiscal María Luisa Aguirre Chávez solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Geradus, basándose en una denuncia de su pareja y sobrina. Sin embargo, en la cámara gesell, la supuesta víctima aclaró que el holandés nunca tuvo intención de agredirla, sino que hubo un empujón accidental durante un intento de suicidio del investigado.
Además, documentos clave desmentían la gravedad del caso: La ficha de valoración de riesgo calificó el caso como de "riesgo leve", el certificado médico de la denunciante indicó que solo necesitó un día de atención médica y tres días de reposo, algo incompatible con un delito de tentativa de feminicidio.
Pese a ello, el Poder Judicial ordenó su internamiento en el penal de Qenqoro, donde su salud mental se deterioró rápidamente.
¿Negligencia institucional?
Geradus era un adulto mayor, sin saber hablar español y con evidentes problemas en su salud mental. Su encierro lo llevó a reiterados intentos de suicidio, hasta que finalmente fue trasladado a la UCI del Hospital Regional del Cusco, donde falleció el último fin de semana.
LO GRAVE
Cuando se dictó los nueve meses de prisión preventiva la defensa legal del extranjero apeló la decisión de juzgado, pero se le denegó. Cumplidos los nueve meses, la fiscalía pidió ampliar la medida cinco meses más, a pesar de que Geradus ya estaba en estado crítico en UCI, lo cual le fue otorgado por el Poder judicial del Cusco, argumentando que existía peligro de fuga una vez que recupere su salud.
FISCALÍA DESLINDÓ
Consultada por “Cusco Datos”, antes del fallecimiento del extranjero, la fiscal Aguirre Chávez argumentó que la prisión preventiva fue ordenada por el juzgado, pero no reconoció si hubo una mala calificación del delito o si se evaluó la vulnerabilidad del investigado.
UN LLAMADO
Este caso plantea serias dudas sobre el protocolo de prisiones preventivas, especialmente con personas vulnerables. Los familiares del extranjero no descartan acudir a organizaciones internacionales para una investigación exhaustiva y determinar si hubo negligencia judicial y evitar que hechos como este se repitan.
