#CuscoDatos. El Poder Judicial condenó a la exalcaldesa del distrito de Ocobamba (2022), Gladys Montalvo Paucar, a 2 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva, por el delito de peculado de uso. La sentencia aún puede ser apelada en segunda instancia.
La investigación, realizada por el Fiscal Adjunto Provincial Alex Franco Palomino, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, logró demostrar que Montalvo Paucar utilizó una camioneta oficial para un viaje personal, desviando recursos públicos para su beneficio privado.
UN VIAJE CON COSTO PARA EL ESTADO
El caso se remonta al 10 de agosto de 2022. Según las pruebas presentadas en el juicio, la entonces alcaldesa instruyó al conductor de la camioneta asignada a la municipalidad para que trasladara a su hermano y a otra persona desde el distrito de Ocobamba hasta la ciudad del Cusco. Sin embargo, el viaje no terminó allí. Una vez en Cusco, se informó al conductor que el destino final sería la ciudad de Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios.
Durante el retorno desde Madre de Dios, el vehículo oficial sufrió un accidente de tránsito, generando daños materiales. La investigación probó que la exautoridad no solo utilizó la unidad vehicular para fines ajenos a sus funciones, sino que también empleó los servicios de dos trabajadores municipales en horario laboral y consumió combustible del Estado para todo el recorrido.
Una sentencia que va más allá de la cárcel
La condena impuesta por el juzgado es integral y busca reparar el daño causado al erario público. Además de la pena de prisión efectiva, la sentencia incluye:
10 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o función pública, así como para contratar con el Estado.
180 días-multa, equivalentes a la suma de 7,497 soles.
Pago de 8,000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.
Este conjunto de sanciones refleja la gravedad con la que el sistema judicial ha visto este caso, calificándolo como un atentado directo contra la administración pública y la confianza ciudadana.
INHABILITACIÓN
El juzgado impuso, adicionalmente, una inhabilitación de diez años para que la condenada ejerza cargo público, ocupe una función estatal o contrate con el Estado. Asimismo, se le impuso una pena de 180 días-multa (equivalente a 7,497 soles) y el pago de 8,000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado, la parte agraviada en el caso.
La sentencia envía un claro mensaje a las autoridades: el uso de los bienes del Estado para beneficio personal es un delito que será investigado y sancionado con el máximo rigor que la ley permite.
