#CuscoDatos. La Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó la sentencia que declara la responsabilidad civil del actual congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto Reyes, por su participación en el delito de estafa genérica—cuyo proceso penal prescribió en 2023— y por haber intervenido en una compraventa de terreno que generó un perjuicio de más de 287 mil soles en agravio de la empresa Transportes Wayna Picchu S.A.
HECHOS DE SU RESPONSABILIDAD
1. Cobro por trabajo no ejecutado
La sentencia de vista acreditó que Soto Reyes suscribió un contrato para elaborar estatutos modificados de la empresa, recibiendo pagos por S/ 20,000.00. Sin embargo, nunca entregó el servicio pactado. El informe pericial N.º 007-2018 confirmó: "se pagó por un servicio que no se prestó".
2. Venta sobrevalorada de terreno
El hecho más grave ocurrió el 24 de diciembre de 2012. Soto Reyes, actuando como vendedor a través de una inmobiliaria, transfirió a la empresa un terreno en la Asociación Pro Vivienda Santa María – Larapa por $ 265,000.00. La sentencia revela que Soto había adquirido el mismo predio solo ocho meses antes por apenas $ 14,300.00.
FALLO EN SEGUNDA INSTANCIA
Si bien el magistrado superior Pereira Alagón emitió un voto singular declarando la prescripción de la acción civil, la decisión mayoritaria (juezas Cáceres Pérez y Quispe Apaza) confirmó la responsabilidad civil del congresista. En concreto, el tribunal: Revocó el extremo de la sentencia que fijaba una indemnización en dólares (USD 215,000.00) por ser incongruente con lo solicitado por la parte civil.
Reformó el monto, imponiendo a Soto Reyes (en calidad de solidario con su coimputado Mario Sequeiros Fajardo) el pago de S/ 287,271.54 (doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta y un soles) por la venta del terreno.
Mantuvo el pago de S/ 20,000.00 por el cobro indebido de honorarios.
DEFENSA DEL LEGISLADOR
Durante la audiencia de segunda instancia, realizada entre el 14 y el 21 de abril de 2026, la defensa del congresista argumentó que el servicio de estatutos sí fue entregado, aunque de forma tardía, y que la venta del terreno fue aprobada por el Directorio de la empresa.
Soto Reyes, en su último dicho ante el tribunal, negó haber actuado de mala fe y calificó el monto de la reparación civil como "desproporcionado".
SIN IMPLICANCIAS POLÍTICAS INMEDIATAS
La sentencia no afecta su fuero parlamentario en cuanto a la responsabilidad penal, pues la acción penal ya había prescrito en 2023. Sin embargo, sienta un precedente judicial sobre la responsabilidad civil de funcionarios y congresistas por actos cometidos antes de asumir el cargo.
Los abogados del congresista no han anunciado aún si interpondrán un recurso extraordinario.
