#CuscoDatos. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco (Primer Despacho), a cargo de la fiscal Hestela Rojas Enríquez, inició una investigación preliminar contra la ciudadana Karin Sucno por el presunto delito de extracción ilegal de bienes culturales y del patrimonio paleontológico del Perú. Paralelamente, la liberación de la investigada generó fuertes críticas hacia las autoridades.
La investigación se origina luego de que Sucno fuera intervenida por presuntamente dañar un muro prehispánico con pintura en aerosol en la calle Inca Roca, en pleno centro histórico de la ciudad imperial, hecho que fue registrado en video y generó un amplio repudio en redes sociales y la comunidad cusqueña.
SANCIONES SEVERAS
De comprobarse su responsabilidad, la investigada se enfrenta a sanciones severas estipuladas en el Código Penal. El delito de extracción ilegal de bienes culturales está penado con prisión no menor de tres ni mayor de ocho años, más una multa de 180 a 365 días. Adicionalmente, por el delito contra el patrimonio paleontológico, la ley establece una multa no menor de 10 UIT (aproximadamente 53,750 soles para el 2024) y el decomiso de todos los instrumentos utilizados para cometer el ilícito.
De acuerdo con el Ministerio Público, para sustentar la investigación, ya se recabaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y se realizó la constatación en la vivienda de la detenida. El objetivo de la pesquisa es determinar el grado de afectación al muro, considerado parte del Patrimonio Cultural de la Nación, y establecer las sanciones correspondientes.
POLÉMICA POR LA LIBERACIÓN
El caso tomó un cariz controversial luego de que algunos sectores criticaran severamente a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco por la liberación de la investigada tras su intervención.
Frente a estas críticas, la institución cultural emitió un comunicado oficial para aclarar su posición. En la nota de prensa, la DDC Cusco señaló que, si bien el delito se cometió en flagrancia y la persona fue intervenida dentro del plazo legal, ellos “no tienen facultad legal alguna para disponer la liberación de una persona detenida”.
“La decisión de liberar o mantener detenida a una persona en estos casos es una atribución exclusiva del Ministerio Público, entidad encargada de evaluar el caso conforme a la normativa penal vigente”, enfatizó la institución.
Según el procedimiento legal, corresponde a la Fiscalía solicitar al Poder Judicial una medida de prisión preventiva, la cual es otorgada por un juez solo si se cumplen los requisitos legales. En este caso, la Fiscalía no solicitó dicha medida coercitiva. Además, se conoció que la mujer investigada se encuentra en estado de gestación.
La investigación preliminar continúa en curso mientras se reúnen todas las evidencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
