#CuscoDatos. Aunque el uso de vehículos estatales para fines particulares podría ser percibido erróneamente por parte de la ciudadanía como una práctica común, la justicia ha dejado claro que se trata de un delito de corrupción. El Poder Judicial del Cusco condenó a Carlos Santos, exgerente de la Municipalidad Distrital de Kumpirushiato, en la provincia de La Convención, tras demostrarse que utilizó para beneficio propio una camioneta 4x4 asignada a su área.
La ejemplar sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención (Segundo Despacho), bajo la conducción del fiscal provincial Omar Michael Mera Hoyos. Este fallo sienta un precedentel en la región para frenar el mal uso de los recursos públicos por parte de malos elementos estatales.
LOS HECHOS: UN VIAJE DE FIN DE SEMANA NO AUTORIZADO
De acuerdo con la investigación fiscal, Carlos Santos fue hallado culpable del delito de peculado de uso. El exfuncionario dispuso indebidamente del vehículo municipal —el cual era alquilado por la comuna— para movilizarse junto a personas particulares fuera de la jurisdicción del distrito, teniendo como destino la ciudad de Quillabamba durante un fin de semana.
Los hechos se registraron el 15 de marzo de 2024. Tras culminar la jornada laboral de aquel viernes, el entonces gerente ordenó el traslado de la camioneta 4x4 sin contar con la respectiva papeleta de salida ni ninguna autorización oficial que justificara el desplazamiento del bien público.
CONDENA E INHABILITACIÓN
Ante las contundentes pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juzgado impuso a Santos las siguientes sanciones:
-Pena privativa de la libertad: Dos años y ocho meses, suspendida bajo estrictas reglas de conducta.
-Inhabilitación política: Cinco años de incapacidad para ejercer cualquier cargo público.
-Días multa: Pago de 241 días multa, equivalentes a S/ 10 041.66.
-Reparación civil: Pago de S/ 1 500 por concepto de daño extrapatrimonial en favor del Estado peruano.
Las pruebas clave: Entre los principales elementos probatorios presentados por el despacho fiscal figuraron el acta de constatación policial que confirmó la ausencia del vehículo en el depósito edil el 16 de marzo, la incautación de un cuaderno de control de vehículos que había sido adulterado y la declaración testimonial del guardián del parqueo municipal.
ADVERTENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Tras el fallo, el Ministerio Público reiteró una firme advertencia a todos los servidores y funcionarios del aparato estatal: los bienes y recursos asignados a las instituciones públicas pertenecen al Estado y deben ser utilizados exclusivamente para el servicio de la ciudadanía. Cualquier uso indebido o desvío para intereses particulares se encuentra estrictamente sancionado por la ley penal.
