#CuscoDatos. El Tercer Juzgado Penal Unipersonal del Poder Judicial del Cusco declaró responsable civilmente al congresista de Alianza Para el Progreso, Alejandro Soto Reyes, y a otros procesados, quienes deberán pagar una reparación civil a la empresa Transportes Wayna Picchu S.A., según informó la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, magistrada Elcira Farfán, quién acotó que la sentencia es primera instancia.
La sentencia completa se leerá este jueves 21 de agosto y sería transmitida a través de las redes sociales de la Corte Superior de Justicia del Cusco, por tratarse de un caso de gran interés para la población.
CASO
La demanda contra Soto Reyes se origina en 2012, cuando el entonces asesor legal de la empresa Transportes Wayna Picchu vendió un terreno a esta misma compañía por US$265,000. Según la investigación fiscal, el parlamentario habría ocultado a los compradores que él había adquirido ese mismo terreno solo ocho meses antes a una comunidad campesina por la suma de US$5,000.
Con el dinero obtenido de la controversial transacción, en octubre de 2015, Soto Reyes adquirió una lujosa propiedad en el distrito de San Jerónimo, Cusco, esto señala la acusación fiscal.
LA PRESCRIPCIÓN Y LA POLÉMICA LEY
Inicialmente, la Fiscalía solicitó ocho años de pena privativa de la libertad para Soto Reyes como autor del presunto delito de estafa en agravio de Transportes Wayna Picchu S.A. También fueron acusados en el caso Mario Sequeiros, Datne Flores, Juan Durand, José Quente y Marco Quente.
Sin embargo, la viabilidad del proceso penal se vino abajo con la aplicación de la Ley 31751. Esta norma, aprobada por el propio Alejandro Soto y otros 87 legisladores, redujo el plazo de suspensión de la prescripción a un año, lo que permitió que casos antiguos, como este, caducaran. El juzgado declaró fundada la prescripción, extinguió la acción penal y dejó vigente únicamente la vía de la reparación civil a favor de la empresa.
LA REPARACIÓN ECONÓMICA
Aunque el proceso penal fue declarado prescrito en 2023 tras la aplicación de la Ley 31751, la vía para demandar una reparación civil permaneció abierta. La empresa afectada, Transportes Wayna Picchu S.A., solicitó la instalación de un juicio exclusivamente para este extremo, reclamando inicialmente una indemnización de S/ 300,000, aunque en fases previas de la demanda se había calculado un monto específico de S/ 36,558.33 para Alejandro Soto, y otros montos para los demás procesados.
Fuentes judiciales de "Cusco Datos", adelantaron que los montos de reparación civil oscilan entre S/ 20,000, S/ 30,000, S/ 50,000 para los distintos sentenciados, dependiendo de su grado de participación y responsabilidad, días antes se adelantó la lectura de la sentencia.
