#CuscoDatos. El Poder Judicial de Cusco dictó sentencia condenatoria contra cuatro exservidores públicos de la Municipalidad Provincial de La Convención y una empresaria, tras hallarlos responsables del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple. Las irregularidades ocurrieron entre junio y julio de 2015.
PENAS Y REPARACIÓN CIVIL
El fallo judicial impuso cuatro años de prisión efectiva para Fany Elvira Díaz del Mar, exjefa de la Oficina de Abastecimiento.
Para José Agapito Dongo Marca (exjefe de la Oficina de Personal) y Nilton Betancurt Portillo (exjefe de la Oficina de Cotizaciones) se dictaron cuatro años de pena privativa de la libertad, convertida en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
En tanto, Kenny Elvis Pinares Montesinos (exoperador del SIAF) y la empresaria Erika Araujo Echegaray (gerente de Faberis E.I.R.L.) recibieron tres años de pena de libertad, convertida en 156 jornadas de servicio comunitario.
Adicionalmente, la sentencia estableció inhabilitación para ejercer cargos públicos, penas de multa y fijó una reparación civil solidaria de 30 mil soles a favor del Estado.
EL CASO: FRACCIONAMIENTO DE COMPRAS
De acuerdo con la investigación fiscal, los exfuncionarios y la representante de Faberis E.I.R.L. concertaron para defraudar a la municipalidad mediante el fraccionamiento deliberado en la compra de uniformes para el personal. A través de cuatro requerimientos independientes, cada uno por montos menores a 3 UIT, se alcanzó un total de S/ 45,480.50 soles.
Esta estrategia permitió evitar un proceso de selección regular y competitivo, vulnerando los principios de transparencia, legalidad, competencia y eficiencia contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado.
PRUEBAS CONTUNDENTES
Durante el juicio oral, el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, a cargo del fiscal provincial Carlos Alberto Figueroa Paucarpura, acreditó graves irregularidades documentales y operativas.
Entre las pruebas destacan la sustracción y reactivación informática de órdenes de compra que habían sido previamente anuladas en el sistema del área de abastecimiento. Asimismo, se demostró que el proveedor entregó la totalidad de las prendas en un solo bloque, y que dicha entrega ocurrió antes de que se emitieran formalmente las órdenes de compra.
Esta recepción anticipada e irregular fue validada por los propios exfuncionarios para asegurar el beneficio de la empresa adjudicada, configurándose plenamente el ilícito penal.
