#CuscoDatos. El congresista fujimorista y tercer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, reiteró su apoyo a una polémica amnistía que beneficiaría a efectivos policiales investigados por los homicidios durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Entre los casos figuran los asesinatos del estudiante Rosalino Flores y el dirigente Remo Candia en Cusco, cuyas muertes permanecen en la impunidad mientras los investigados evaden la justicia o incluso logran ascensos en sus carreras.
CONTEXTO DE VIOLENCIA ESTATAL
Tras la asunción de Dina Boluarte el 7 de diciembre de 2022, una ola de protestas sacudió regiones como Apurímac, Puno, Cusco y Ayacucho, dejando un saldo de 60 muertos, según la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales, formalizaron el año pasado 18 investigaciones preparatorias por homicidios y lesiones contra 267 ciudadanos, en lo que constituye una de las peores crisis de derechos humanos en el Perú en décadas.
CASO CUSCO: IMPUNIDAD Y ASCENSOS POLICIALES
En Cusco, las investigaciones por violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2022-2023 revelan un patrón de impunidad y promociones cuestionables al interior de la Policía Nacional. Dos episodios emblemáticos concentran las pesquisas: la masacre en la avenida 28 de Julio (11 de enero de 2023), donde 20 policías están siendo investigados por ataques que dejaron 30 manifestantes heridos, y el asesinato del dirigente Remo Candia, ejecutado con un disparo de pistola calibre 9 mm cerca del Óvalo Pachacútec en Wanchaq, caso que involucra a altos mandos como el general Javier Vela (exjefe de la VII Macro Región Policial) y el coronel Antonio Marcelino Loreño (jefe operativo durante las protestas).
A esto se suma el crimen del estudiante Rosalino Flores, quien recibió 36 perdigones por la espalda disparados por el suboficial Joe Erik Torres Lovón —hoy prófugo pese a una orden de prisión preventiva—. Paradójicamente, mientras Torres evade la justicia, el entonces coronel Edson Cerrón Lazo, investigado por su rol en el operativo, fue ascendido a general en enero de 2025 y ahora dirige la Región Policial de Apurímac. Estos casos exponen cómo las víctimas enfrentan obstáculos procesales, mientras los implicados ascienden o evaden responsabilidades, consolidando una crisis institucional que prioriza la protección policial sobre los derechos humanos.
JUSTICIA ENTORPECIDA Y AMNISTÍA CUESTIONADA
La insistencia de Rospigliosi en blindar a los policías investigados contrasta con el reclamo de las víctimas, que exigen verdad y castigo. Organizaciones de derechos humanos advierten que una amnistía en estos casos consolidaría un patrón de impunidad y sentaría un peligroso precedente para la justicia peruana.
Mientras tanto, las familias de Rosalino Flores y Remo Candia siguen esperando que los responsables enfrenten la ley. Pero con cada declaración a favor de la impunidad, esa justicia parece cada vez más lejana.
