El gobernador regional, Edwin Licona Licona la semana pasada dio a conocer que su gestión logró recuperar S/. 38 millones de cartas fianzas de la empresa OAS por incumplir con el contrato para la construcción del hospital Antonio Lorena, pero lo que no dijo es que su funcionaria de confianza imposibilito que este dinero sea cobrado todavía el 2015, generando un perjuicio económico a la entidad regional.
Según la resolución gerencial Nro. 243, del 31 de octubre 2016, se dispone el inicio de un proceso administrativo disciplinario a la funcionaria regional Milagros Gamarra por su actuación negligente en la ejecución de las cartas fianzas, como directora regional de la Oficina de Asesoría Jurídica.
Según este documento la directora de la Oficina de Asesoría Legal, Milagros Gamarra imposibilito el cobro de estas cartas fianzas por negligencia, debido a que emitió el informe 083-2015-GR, donde opina que se suspenda la ejecución de las cartas manteniéndose el estatu quo.
El 5 de marzo del 2015, el gerente general Henry Enciso, resuelve el contrato con la brasileña OAS, y en la parte resolutiva se dispone que la Oficina de Administración implemente las medidas para la ejecución de las garantías de adelanto directo y adelanto de materiales, es por ello que se solicita la ejecución de las cartas fianzas, por el importe de 9 millones 487 mil 692 soles, del Banco de Crédito del Perú, y las cartas fianzas por adelanto de materiales por 2 millones 840 mil soles y otra de 25 millones de Insur.
Al no haberse ejecutado de inmediato las cartas fianzas de adelanto directo y de materiales se dio tiempo a la empresa OAS, para que interponga una medida cautelar en el Juzgado de Wanchaq para que no se ejecuten estas garantías; pasaron más de dos años para que este dinero ingrese a las arcas de la entidad regional.
El consejero regional, Alain Alanoca señaló que frente a esta demora se generó un perjuicio económico a la entidad regional. “Si uno hace una comparación sencilla de poner en cualquier entidad bancaria a plazo fijo este dinero tiene un rédito económico de interés bancario, hubo una afectación económica y legal al gobierno regional, por más que se haya recuperado estos montos se tiene que investigar y sancionar a los responsables”, señaló Alanoca.
