#CuscoDatos. El Poder Judicial del Cusco dictó una condena de tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva contra Marisol Torres, exsecretaria de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco, tras ser hallada culpable del delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado Peruano.
El caso ha llamado la atención pública debido a la inusual y particular modalidad de soborno que la sentenciada empleó para intentar favorecer a sus allegados.
UN SOBORNO OCULTO EN UNA "CUYADA"
Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2019. Según la investigación fiscal a cargo del 1er. Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco, dirigida por la Fiscal Provincial Gloria Soto Jara, Torres Taipe aprovechó su cargo en la entidad regional para entregarle al entonces director de la Oficina de Recursos Humanos una bandeja con cuy. Sin embargo, la comida era solo un pretexto: dentro de la vianda, la imputada había ocultado una billetera de la marca Renzo Costa que contenía 2,000 soles en efectivo.
Junto al dinero, la exservidora pública camufló una lista con los datos personales de cuatro personas —entre ellas su hijo mayor y el padre de sus hijos menores— con el objetivo expreso de que el funcionario los contratara en la institución. El director rechazó tajantemente el acto de corrupción, confrontó a la trabajadora y denunció el suceso de manera inmediata ante las autoridades.
INHABILITACIÓN Y SANCIONES ECONÓMICAS
Además de la pena de cárcel efectiva, el órgano jurisdiccional impuso a Torres Taipe las siguientes sanciones:
-Inhabilitación: Cinco años de incapacidad civil para ejercer u obtener cualquier cargo, empleo o función pública.
-Días multa: El pago de 425 días multa, una cifra equivalente a 3,293.75 soles.
-Reparación civil: Un abono de 3,000 soles a favor del Estado Peruano.
ORDEN DE CAPTURA
La ejecución de la pena privativa de la libertad pasó a ser efectiva y provisional luego de que la sentenciada incumpliera con abonar una caución económica previa de 3,000 soles, la cual era un requisito indispensable antes de la lectura del fallo.
Al no haberse efectuado dicho pago, el juzgado revocó las reglas de conducta que suspendían la ejecución de la pena. Asimismo, el tribunal declaró improcedente el último recurso presentado por la defensa de Torres Taipe, mediante el cual pretendía sustituir el pago obligatorio de la caución entregando un vehículo en su lugar.
En consecuencia, el juzgado ha dispuesto oficiar de inmediato a las autoridades correspondientes para la ubicación, captura e internamiento de Marisol Torres en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento de su condena.
