#CuscoDatos. El haber favorecido de manera exclusiva a una empresa privada en contrataciones públicas, tras la recepción de una coima de 50 mil soles, fue el hecho delictivo que determinó la condena de 4 años de pena privativa de libertad efectiva del exalcalde de Echarati Hebert Peña Arroyo y el exjefe del Área de Logística, Edgar Antonio Mamani Yana.
Ambos exfuncionarios fueron sentenciados por el Poder Judicial del Cusco en calidad de autores por la comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión simple, luego de que el Ministerio Público demostrara que lideraron un esquema delictivo de direccionamiento sistemático durante el ejercicio fiscal 2021.
ACUSACIÓN
De acuerdo con la acusación sustentada en el juicio oral por el fiscal provincial Alex Franco Palomino, los imputados concertaron ilícitamente con la empresaria Edith Albertina Santos Álvarez para adjudicar de forma directa a la empresa Inversiones EDISA E.I.R.L. un total de 36 órdenes de compra menores o iguales a 8 UIT, destinadas a la adquisición de cemento y fierro. El favorecimiento se materializó luego del pago del soborno de 50 mil soles, el cual fue gestionado a través del chofer de alcaldía, Abel Huamán Peña.
Para lograr su cometido y encubrir el direccionamiento, los sentenciados recurrieron a la utilización no autorizada de datos e información tributaria de otros proveedores locales. Con esta maniobra fraudulenta, lograron fraguar los estudios de mercado y simularon una falsa competencia en los procesos de cotización.
EVIDENCIAS CONTUNDENTES
La tesis acusatoria logró la sentencia gracias a los sólidos elementos de convicción actuados durante el juzgamiento. Entre las pruebas determinantes presentadas por la Fiscalía destacan:
-Actas de visualización de audios y transcripciones de mensajes de WhatsApp que evidencian la concertación.
-El reporte de la entidad financiera que acredita el retiro de efectivo por parte de la proveedora.
-Testimonios clave de los proveedores locales afectados por el uso ilícito de su información.
Asimismo, la investigación fiscal cobró mayor fuerza y respaldo con las condenas previas obtenidas, mediante el mecanismo de terminación anticipada parcial, contra otros cinco exfuncionarios municipales que ya aceptaron su responsabilidad penal en estos mismos hechos.
REPARACIÓN CIVIL
Además de la pena de cárcel efectiva, el juzgado dictaminó severas sanciones económicas y administrativas contra Peña Arroyo y Mamani Yana. La resolución judicial ordena el pago solidario de 240 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. Igualmente, se les impuso 242 días multa y una inhabilitación de 5 años para el ejercicio de cualquier cargo o función pública, marcando un precedente en la lucha anticorrupción en la región.
