#CuscoDatos. En medio de una crisis energética que golpea la economía de las familias, el incremento del precio del pasaje en el servicio de transporte urbano de la provincia del Cusco ha desbordado la paciencia de la población. Lejos de buscar otras alternativas, los transportistas optaron por aumentar las tarifas, una medida que ha provocado el rechazo inmediato de diversas organizaciones sociales y una movilización como la protagonizado por estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).
EL INCREMENTO
El alza representa un 50% en el pasaje general, que subió de S/1.00 a S/1.50. El pasaje medio, que incluye al universitario, aumentó de S/0.50 a S/0.70. De igual manera, la tarifa escolar pasó de S/0.50 a S/0.70, afectando directamente a los estudiantes de colegio y a sus familias.
ESPECULACIÓN DE PRECIOS
Frente a esta situación, no se descarta que exista especulación en el precio de los combustibles, un delito tipificado en el artículo 234 del Código Penal. Según recordó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), esta norma sanciona a productores, fabricantes, proveedores o comerciantes que incrementan de manera injustificada los precios de bienes o servicios esenciales. La ley considera agravantes cuando se aprovechan situaciones que afectan el abastecimiento o la necesidad de la población, como emergencias sanitarias, desastres naturales, crisis económicas o escasez.
La conducta ilegal es castigada con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, y una multa de 180 a 365 días-multa. La sanción se agrava si el delito se comete durante un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, elevándose la pena a no menos de cuatro ni más de ocho años.
CONCERTACIÓN DE PRECIOS
Por otro lado, el MINJUSDH advirtió que la concertación de precios también es una práctica prohibida por el Decreto Legislativo N.º 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Este ilícito es investigado y sancionado por INDECOPI, entidad que puede imponer multas de hasta el 12% de los ingresos o ventas anuales de la empresa infractora, además de aplicar sanciones a los directivos responsables y medidas correctivas para restablecer la competencia en el mercado.
DENUNCIA
Mientras tanto el abogado Dennis Llamocca presentó una denuncia penal contra el dirigente de los transportistas, Estanislao Alegre, por el presunto delito de especulación. “El delito de especulación en el Perú, tipificado en el Artículo 234 del Código Penal, sanciona a productores, proveedores o comerciantes que incrementan injustificadamente precios de productos esenciales, especialmente en situaciones de emergencia. Se sanciona con penas de 2 a 6 años, aumentando a 4-8 años durante emergencias”.
AUTORIDADES
Mientras tanto, el Ministerio Público informó que, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito de Cusco, a cargo de la fiscal Emma Aretaga, se llevó a cabo una reunión con representantes de INDECOPI-Cusco y OSINERGMIN. El objetivo de la mesa de trabajo fue coordinar acciones conjuntas para fiscalizar y prevenir posibles ilícitos en la cadena de precios de combustibles y pasajes.
