#CuscoDatos. El Poder Judicial del Cusco impuso sentencias de 21 años de prisión efectiva a los extranjeros Jesús Andrés Terán González y Yosney Jholfran Borges Díaz, identificados como integrantes de una célula de la red criminal internacional "Tren de Aragua". Fueron hallados culpables de los delitos de trata de personas y explotación sexual.
En la misma sentencia, se condenó a 7 años y 7 meses de cárcel al ciudadano peruano David Macedo Puma, administrador del "Hostal Misky Puñuy", por el delito de favorecimiento a la prostitución en su establecimiento.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Provincial Especializada en Trata de Personas de Cusco, a cargo de Andrónika Zans Rivera, demostró que la organización criminal captaba a mujeres extranjeras con promesas falsas de empleo. Una vez en su poder, las obligaban bajo amenaza a ejercer la prostitución.
CONTROL DE LAS VÍCTIMAS
Las víctimas eran sometidas a un sistema de extorsión que incluía supuestos "cupos" de viaje de hasta 20,000 soles, además de multas semanales ilegales. Para ejercer control y desplazarlas sin levantar sospechas, los sentenciados utilizaban fachadas de negocios de barbería y servicio de delivery, empleando vehículos y motocicletas para su traslado y vigilancia.
EVIDENCIAS CLAVE
El testimonio de una víctima, identificada bajo un código de reserva, fue crucial para la condena. Relató haber sido retenida bajo amenazas y agresiones físicas, incluyendo golpes con armas de fuego. También recibió amenazas de muerte contra su familia para forzarla a pagar una deuda inexistente de 3,000 soles.
La Fiscalía presentó como prueba el certificado médico legal que confirmó sus lesiones, así como el análisis de comunicaciones telefónicas que vincularon directamente a los tratantes con el administrador del hostal, donde se realizaban los actos de explotación.
ALLANAMIENTO E INCAUTACIÓN
Durante un operativo de allanamiento y detención ejecutado en junio de 2023, las autoridades intervinieron cinco inmuebles. Se incautaron equipos celulares, dinero en efectivo, réplicas de armas de fuego y cientos de preservativos, elementos que evidenciaban la actividad delictiva.
REPARACIÓN CIVIL
La sentencia no solo establece penas privativas de libertad, sino que también ordena a los condenados el pago de una reparación civil que asciende a 50,000 soles a favor del Estado, como resarcimiento por el daño causado.