#CuscoDatos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició las visitas de supervisión a las sedes de los diez partidos políticos que recibieron financiamiento público directo durante el año 2025. El objetivo es auditar el uso de estos recursos y verificar el estricto cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas.
Los partidos bajo supervisión son aquellos que obtuvieron representación en el Congreso en las Elecciones Generales 2021: Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado.
¿QUÉ SE AUDITA?
Los auditores de la ONPE examinan minuciosamente la documentación que sustenta el gasto del financiamiento público recibido en 2025. La revisión incluye, entre otros:
-Libros contables (diario, mayor, inventarios, actas).
-Planes, presupuestos y manuales internos aprobados.
-Comprobantes de pago, contratos con terceros y cotizaciones.
-Sustento de gastos en formación, capacitación e investigación.
-Estados bancarios, conciliaciones y chequeras.
-Contratos de alquiler, planillas y boletas de pago.
-Inventario de activos fijos adquiridos con fondos públicos.
REGLAS CLARAS PARA EL GASTO
La ley establece dos destinos principales para estos fondos:
-Hasta el 50% puede destinarse a gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de bienes, contratación de personal y asesoría legal.
-No menos del 50% debe invertirse exclusivamente en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, aplicando criterios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres.
CONSECUENCIAS POR IRREGULARIDADES
Si se detectan indicios de uso indebido de los fondos, el partido político implicado puede enfrentar un procedimiento administrativo sancionador. Las sanciones contempladas son severas: Multas que oscilan entre 31 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y la pérdida del derecho a recibir nuevo financiamiento público directo en el futuro.
PROCESO DE SUPERVISIÓN
Al finalizar cada visita, se levanta un acta que detalla las observaciones o presuntas infracciones. Los partidos tienen un plazo de cinco días útiles para subsanar las discrepancias señaladas.
Posteriormente, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE emite un informe técnico que determina si existen méritos para iniciar un proceso sancionador. Toda la documentación clave –las rendiciones de cuentas de los partidos y los informes técnicos de la ONPE– es de acceso público y se publica en la plataforma digital CLARIDAD.
Esta supervisión forma parte del mecanismo de control y transparencia que la ley exige para garantizar que los recursos del Estado asignados a la vida política sean utilizados de manera lícita y eficiente.
