#CuscoDatos. Cinco servidores de la Corte Superior de Justicia del Cusco deberán de ser denunciados penalmente e iniciarse procesos administrativos, por irregularidades, como la modificación de las especificaciones técnicas y presunto direccionamiento, en la compra de una camioneta y un minibús, que costó S/. 370 mil 800 soles, situación que puso al descubierto la Contraloría General de la República.
En el informe de control específico Nro. 17520-2023-CG/GRCU-SCE, la Contraloría recomienda el inicio de acciones penales contra Jhon Villa, Nicolay Mazzini, Elisvan Pérez y Miguel Eduardo Suarez; asimismo se les debe de iniciar procesos administrativos a los cuatros involucrados y a Fredy Quispehuanca.
En el 2022 el Módulo Judicial Integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Cusco, solicitó la compra de dos vehículos, una camioneta cerrada 4x4 para el traslado de personas, materiales e insumos para las zonas alejadas de la región y un minibús.
Sin embargo, el encargado de Control Patrimonial modificó el tipo de vehículo 4x4 a 4x2. Asimismo, el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas y el coordinador de Logística hicieron que se realice dicha modificación sin sustento documental.
Además, el experto independiente revisó, validó y elaboró las especificaciones técnicas orientadas a una determinada marca, modelo y proveedor, el mismo que dio la apariencia de pluralidad de postores.
También, el comité de selección admitió la oferta ganadora a pesar de que no cumplió con la presentación obligatoria de documentos y no acreditó el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas como la carrocería, exterior y seguridad del minibús. Pese a lo descrito, no declaró desierto el proceso de selección y, por el contrario, le adjudicó la buena pro a un postor.
Estas acciones ocasionaron que la Corte Superior de Justicia del Cusco desembolse la suma de S/. 370 mil 800 soles, por la adquisición de la camioneta cerrada y minibús, importe que, respecto al monto autorizado, representó un presupuesto adicional de S/ 50 mil 800 soles.
Sumado a ello, el encargado de Control Patrimonial asignó la camioneta cerrada a una dependencia diferente, incumpliendo con la finalidad pública de la adquisición ya que el vehículo fue adquirido para la implementación del Módulo Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia.
