#CuscoDatos. Actualmente de las 13 provincias de la región del Cusco, nueve cuentan con pasivos ambientales mineros y la primera es la provincia de Espinar con 110 casos, seguida de Canchis, 83; y Chumbivilcas, con 66 casos, informó la Defensoría del Pueblo en Cusco.
Los pasivos ambientales mineros, son instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población.
La Defensoría del Pueblo en Cusco pide a autoridades regionales implementar políticas de atención a esta realidad, que vulnera el derecho a la salud y a gozar de un ambiente libre de contaminación, refirió la representante de la institución, Rosa Santa Cruz.
Este pedido se hizo en la décima tercera sesión de la comisión multipartidaria del Congreso de la República encargada de investigar los casos de niñas, niños y familias afectadas por la presencia excesiva de plomo, arsénico y otros metales tóxicos en la sangre, que se desarrolló en el auditorio de la Gerencia Regional de Salud del Cusco.
“La lista la conforman, además, las provincias de Canas, Anta, Paucartambo, Quispicanchi, Paruro y Cusco que, junto a las anteriores, suman un total de 291 pasivos ambientales mineros existentes en la región”, anotó. La representante de la Defensoría del Pueblo precisó también que esta cifra constituye un aumento en 33 casos con respecto al 2021.
Cabe señalar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), no identificó a los responsables, tampoco se cuenta con instrumentos de gestión ambiental, por tal motivo se invocó a esta entidad a seguir trabajando en esta labor. Se recordó que el Minem es responsable de la identificación de los pasivos ambientales, así como de los responsables de los mismos, y en algunos casos de su remediación.
Se identificó que la Gerencia Regional de Salud no elaboró un plan de acción integral de salud regional, pues solo se cuenta con un plan para la provincia de Espinar. Ante ello, solicitó que se dispongan acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológicas dirigidas a identificar los factores de riesgo en la región, priorizando aquellas zonas en las que se cuente con información sobre las fuentes de contaminación.
