Los consejeros regionales Anabel Alccamari, Nicanor Umiyauri y Guillermo Torres integrantes de la Bancada Independiente interpusieron la denuncia penal que comprende al gobernador regional, Edwin Licona Licona y los ex presidentes regionales Jorge Acurio Tito y René Concha Lezama por los delitos de colusión, peculado doloso, malversación de fondos en la obra de mantenimiento y conservación de la Red Vial Nº 3.
En la sesión de Consejo Regional los consejeros dieron a conocer la presentación de la denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción de Cusco en presencia del gerente general Eduardo Sanz que desconocía de las presuntas irregularidades pese a que la Contraloría General de la República en el mes de julio envió la información y recomendación de interponer las acciones legales respectivas.
La denuncia se sustenta en el informe de auditoría Nro. 271 del “Servicio de gestión vial por niveles de servicio de la red vial Nro. 3”, donde se puso al descubierto una serie de irregularidades que comprenderían responsabilidades penales, civiles y administrativas a los ex presidentes regionales, Jorge Acurio Tito, René Concha Lezama y al actual gobernador, Edwin Licona Licona.
La Red Vial Nro. 3 debía de beneficiar a la población de las provincias de Calca y La Convención, consta de la intervención de 524 Km de longitud de la carretera, con una inversión total de 226 millones 367 mil 983 soles para ser desarrollado en un periodo de 5 años a partir de la firma de contrato que se realizó en junio del 2012.
El 28 de junio del 2012 en la gestión de Jorge Acurio se firmó el contrato Nro. 190-2012-GR Cusco con el Consorcio Peruano de Conservación integrada por las empresas Concar y Obras de Ingeniería.
Según la auditoria hecha por la Contraloría a la red vial 3, del periodo correspondiente al 1 de junio del 2012 al 31 de diciembre del 2015, se puso al descubierto las siguientes irregularidades. Deficiencias en los términos de referencia que posibilitaron se contrate servicios que no correspondía a la obra, se trabajó tramos que no eran competencia del gobierno regional sino de la Red Nacional. El gobierno regional hizo la selección del consorcio sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas hizo la recomendación.
La entidad regional convoca a concurso público sin contar con presupuesto debidamente aprobado, tampoco se penalizó al Consorcio por la paralización de la conservación periódica del tramo Calca-Quellopuito, cuyos trabajos debieron de concluir el 25 de noviembre del 2015, se debió de penalizar al Consorcio Peruano de Conservación con 191 mil 470 mil soles.
Se reconoció pagos por mantenimiento periódico en tramos que ameritaban una tratamiento diferente, lo cual generó un perjuicio de un millón 813 mil 177 soles, después de que se verificó el deterioro de dichos tramos.
El Gobierno Regional de Cusco pago por trabajos de mantenimiento del sub tramo Kepashiato-Cielo Punku de la vía Kepashiato-Chirumpiari pero estos mismos trabajos ya habían sido ejecutados por la municipalidad distrital de Echarati, lo cual generó un perjuicio a la entidad regional de 3 millones 750 mil 791 soles.
Otro pago irregular de 7 millones 777 mil 207 soles, que hizo el Gobierno Regional de Cusco fue por trabajos referidos a sobre anchos en plataforma que no se enmarcan en emergencias.
En los tramos que se necesitaba de trabajos más complejos se dieron soluciones técnicas básicas lo cual generó el deterioro prematuro de la vía y se generó un perjuicio de 28 millones 932 mil 449 soles.
Es la primera denuncia penal que se presenta por consejeros de la gestión 2015-2018, cuando debido de ser la Procuraduría del Gobierno Regional del Cusco quién inicie las acciones según recomendó la Contraloría, pero la abogada encargada de este despacho Rossy Gamarra en una comunicación escrita al Consejo Regional dijo no estar enterada.
